Rubén M. J., delegado de los ayllus de la provincia Rafael Bustillo, fue identificado por pobladores de Llallagua y enviado a prisión preventiva tras su audiencia cautelar. La Fiscalía presentó como prueba el informe médico forense de las víctimas, entre ellas tres policías y un estudiante que fallecieron luego de la emboscada perpetrada el 12 de junio por bloqueadores afines a Evo Morales.
En total, ocho personas fueron aprehendidas por los hechos violentos en Llallagua, de las cuales siete guardarán detención preventiva por cinco meses, incluidos tres menores de edad que portaban explosivos. Un adulto mayor de 70 años recibió detención domiciliaria por su delicado estado de salud. Todos enfrentan procesos por delitos de asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas, y destrucción de bienes del Estado.
Durante las investigaciones, el Ministerio Público halló cerca de Bs 100.000 entre las pertenencias de los acusados, dinero que presuntamente estaba destinado a pagar a los movilizados. La Fiscalía investiga si algunos de los aprehendidos también cumplían el rol de financiadores de las acciones violentas que derivaron en las muertes y el luto en la localidad potosina.
